Autor: Carlos Chica
Membre de la Comissió d’Aigua, Energia i Medi Ambient
El progreso de la humanidad se ha fundamentado en el aprovechamiento de la energía basándose en la ciencia y la tecnología. El ritmo de las transiciones y los cambios económicos y sociales ha sido tutelado por las leyes del mercado y definido por la disponibilidad y coste de las diversas fuentes energéticas: carbón, hidrocarburos, energía nuclear…
El crecimiento económico ha supuesto alcanzar progresivas cotas de consumo de energía, pero el uso masivo de energía ha producido externalidades negativas medioambientales y sociales. Aproximadamente dos tercios de las emisiones de gases de efecto invernadero de origen antropogénico, GEI, están producidas por la utilización de energía fósil que, a su vez, representa aproximadamente el 80% del total de la energía primaria del consumo humano. La liberación de CO2 está afectando la atmósfera y los océanos de una manera insostenible.
El cambio climático pasa a ser el mayor desafío global y urgente al que se enfrenta la sociedad, por lo que la actual transición energética hacia una sociedad descarbonizada es un reto sin precedentes.
El calentamiento global provocado por dicha liberación origina impactos y condiciones climáticas anormales que afectan tanto a las generaciones presentes como lo harán a las futuras teniendo cada vez más repercusión en las economías, el medio ambiente, la salud y la vida cotidiana. Por eso, el cambio climático pasa a ser el mayor desafío global y urgente al que se enfrenta la sociedad, por lo que la actual transición energética hacia una sociedad descarbonizada es un reto sin precedentes que es tutelado por los distintos gobiernos mundiales y necesita de la implicación de reguladores, empresas y sector privado, inversores y consumidores… es decir del conjunto de la sociedad.
Políticas internacionales y la acelerada transición energética
La toma de conciencia de la problemática del cambio climático por el estamento político ha dado lugar a sucesivos acuerdos de carácter internacional, como el Protocolo de Kioto (COP-3, 2007), para lograr un crecimiento económico limpio y sostenible. Posteriormente, el denominado Acuerdo de París (COP-21, 2015) representa el primer pacto global de carácter vinculante en el que todos los países, y no sólo los desarrollados, se han comprometido con el cumplimiento de un único objetivo que es mantener el calentamiento global por debajo de los 2°C respecto a los niveles preindustrial e incluso, si es posible, por debajo de 1,5°C.
La preocupación existente ha provocado la acelerada transición energética actual, en la que se están proponiendo acuerdos como los de la reciente (COP-28, 2023) de Dubai, de reducir las emisiones de CO2 en un 43% para 2030, fundamentalmente triplicando las energías renovables para ese año por el lado de la oferta y, por el lado de la demanda, aumentando la electrificación de la sociedad. Esta descarbonización de la economía se está acelerando por parte de la Unión Europea con sus programas de incentivos: Green Deal, Fit for 55 Package, Repower EU…
Esta necesaria y rápida transición energética no puede olvidar que para tener éxito en la lucha contra el cambio climático precisa de, entre otras cosas, un firme compromiso, una gobernanza global, proponer un sistema de mecanismos e incentivos, y disponer de un conjunto de tecnologías e innovaciones ayudados por grandes recursos y el imprescindible protagonismo ciudadano para asegurar un crecimiento económico sostenible y bienestar cívico.
Desafíos y requerimientos para una transición energética efectiva
Además, el mercado eléctrico requiere, para cumplir el trilema de seguridad, economía y sostenibilidad ambiental, que la oferta y la demanda estén en equilibrio, por lo que la producción del mix eléctrico basado en energía renovable, el almacenamiento de energía, y el consumo estén conectados mediante redes de transporte y distribución eléctricas suficientemente malladas, robustas, modernas e inteligentes.
En 1985, al ser el transporte y distribución de energía eléctrica monopolios naturales, se nacionalizó la Red de Transporte y se creó la empresa Red Eléctrica de España (REE) para operación del sistema eléctrico y gestión del transporte de electricidad. La Ley del Sector Eléctrico de 1997 distinguió las actividades de producción y comercialización como liberalizadas y de libre concurrencia, y las de transporte y distribución, como reguladas, sujetas a tarifas.
La realidad actual es que la lenta planificación quinquenal, y económicamente limitada, de las actividades reguladas por parte de la administración tendría que adaptarse al rápido desarrollo de las actividades liberalizadas que, incluso, están incentivadas por la propia administración. La eficiencia en la transición energética se logrará con una inteligente planificación que integre y coordine los sectores liberalizados y los regulados.
Para lograr una transición eficiente y progresiva, evitando efectos como los actuales precios negativos del mercado eléctrico, el vertido de energía o la imposibilidad de dotar de potencia eléctrica suficiente en los puntos requeridos por la demanda, es necesario disponer de una planificación coordinada, ágil, flexible y proactiva de todos los sectores implicados. De este modo, se acompasará la integración de las energías renovables con sus mecanismos de flexibilidad, con las nuevas demandas focalizadas hacia las bombas de frío y calor, recarga de coches eléctricos, electrificación del transporte viario y del ferrocarril, hidrógeno verde, electrificación de puertos, centros de procesamiento de datos, desalinizadoras y plantas regeneradoras, etc. En resumen, aprovechar la ventaja competitiva del futuro mercado eléctrico descarbonizado basado en energías renovables para lograr una sociedad más resiliente y cohesionada. Los responsables políticos como gestores de la transición energética tendrían que ser capaces de una mejor planificación energética que se aparte del enfoque tradicional reactivo mediante nuevos esquemas dinámicos e incentivos, para animar y fomentar la participación empresarial y ciudadana y, en general, de toda la sociedad en el objetivo común de la descarbonización.
La planificación oficial indicativa del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) de 2020, tenía prevista una inversión de 241.412 M€ (80% a realizar por el sector privado) y, en su actualización de 2023, la inversión total se eleva a 294.000 M€, para cumplir los objetivos vinculantes de la UE según el plan “REPowerEU”. Con la reforma del PNIEC español se espera obtener unos resultados para 2030, del 81% de energía renovable en la generación eléctrica, (antes 74%), imposible de conseguir sin inversiones adecuadamente planificadas y progresivas.
Ante semejantes inversiones, es imprescindible una planificación clara, transparente y coordinada con todos los sectores implicados en la transición energética para evitar disrupciones, volatilidad de precios en las renovables, vertidos de electricidad por falta de mecanismos de flexibilidad en el mercado eléctrico, desindustrialización por falta de permisos de acceso y suministro a las redes motivados por restricciones técnicas etc. para lo cual sin un mayor refuerzo y cambio de topología de las redes eléctricas reconociendo su papel vertebrador, resultará muy difícil alcanzar los objetivos de descarbonización con la integración de renovables y electrificación de la demanda propuestas por el PNIEC.
Se requiere, igualmente, una mayor transparencia y coordinación entre administraciones, en especial central y autonómica, para favorecer la implicación de empresas y ciudadanos, por lo que es necesaria una profunda acción didáctica de las citadas administraciones sobre la ciudadanía para poner de manifiesto los beneficios de una descarbonización justa y equitativa. Igualmente se requiere una mayor receptividad de las administraciones y apertura a la sociedad en sus peticiones para minimizar los costes sociales y ambientales.
Finalmente, y no menos importante, hay que considerar que la burocracia y la lentitud e inseguridad de los procesos administrativos hacen que la iniciativa privada rehúya participar en la transición energética y el ciudadano, pasivo y desinformado, la interiorice como una agresión a sus usos y costumbres más que un remedio para lograr una mayor resiliencia y cohesión social ante el cambio climático.
